El 31 de diciembre venidero pierde vigencia la Ley 2548 y su prórroga 3680, Ley de Régimen de Promoción Especial
de Protección Patrimonial, único mecanismo de protección para los edificios que datan de antes de 1941.
Esta ley fue prorrogada en dos oportunidades para dar tiempo a que el GCBA realizara el relevamiento de todos los barrios
de la ciudad y tuviera así la posibilidad de completar el catálogo de edificios protegidos. Pero esto no se concretó aún.

Cuando esta ley pierda vigencia sólo quedaran protegidas de la piqueta las escasas construcciones catalogadas que existen
en la ciudad. En consecuencia, todo edificio, aunque tenga valor patrimonial, será considerado como terreno vacante
por los intereses inmobiliarios, ya que estará habilitada su demolición.

Esto permitirá que se sigan destruyendo nuestros barrios, perdiendo su identidad y alterando aún más su calidad de vida.

Acompáñenos nuevamente enviando una carta a los legisladores solicitando la prórroga de la Ley 2548/3680, hasta tanto
se complete la catalogación del patrimonio arquitectónico de toda la ciudad

¿Qué tipo de protección existe actualmente?

En materia de patrimonio, la ciudad está bajo el amparo de la Ley 2548/ 3680 (Ley de Régimen de Promoción Especial de Protección Patrimonial) hasta el 31 de diciembre de 2011. Dicha ley establece un mecanismo que obliga, previo a la demolición o modificación de una propiedad construida antes del 31 de diciembre de 1941, se demuestre que carece de valor patrimonial. Si el bien carece de valor el permiso correspondiente es obtenido. Si la propiedad en cuestión se considera patrimonialmente valiosa se procederá al inicio de su catalogación ante la Legislatura, impidiéndose la demolición.

El organismo encargado de determinar el valor de los edificios de la ciudad es la Dirección General de Interpretación Urbanística, dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano, a través del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP). Este consejo está conformado por miembros del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo de la Ciudad, así como de instituciones vinculadas a la disciplina arquitectónica, urbanística y patrimonial. El CAAP trata cada caso en particular y recomienda si el edificio se demuele o se protege.